El Decreto del incendio del Reichstag, cuyo nombre oficial fue Decreto del Presidente del Reich para la Protección del Pueblo y del Estado, fue una norma legal alemana emitida el 28 de febrero de 1933 por el entonces Presidente de Alemania, el mariscal Paul Von Hindenburg, en respuesta directa al incendio del Reichstag.
De hecho, la norma fue aprobada por presión del entonces canciller de Alemania, Adolf Hitler, como respuesta al incendio ocurrido en la noche del día anterior, 27 de febrero.
Esta norma dejaba sin efecto en Alemania a diversos derechos ciudadanos que estaban consagrados en la Constitución de Weimar; a ello se une que este mismo decreto fue luego utilizado por el Partido Nazi como base legal para arrestar a todo individuo opositor al régimen, y para prohibir las publicaciones contrarias al nazismo. De este modo, el decreto sirvió como herramienta importante de consolidación del gobierno nazi en tanto podía usarse para reprimir eficazmente a sus opositores.
El 30 de enero de 1933 Adolf Hitler había asumido el cargo de canciller de Alemania, después que el Partido Nazi obtuviese una mayoría simple en las elecciones parlamentarias de 1932. Una de las primeras medidas de Hitler fue presionar al anciano Presidente de Alemania, el octogenario mariscal Paul Von Hindenburg, para disolver el Reichstag y convocar nuevas elecciones parlamentarias el 5 de marzo de 1933.
No obstante, a las 22 horas del día 27 de febrero ocurrió el enorme incendio del Reichstag, en Berlín, donde el fuego destruyó por completo las instalaciones de todo el inmenso local. Tal suceso fue señalado por el Partido Nazi como “prueba” de una proyectada insurrección dirigida por el Partido Comunista de Alemania, llegando a sostener que dicho partido y sus seguidores planeaban empezar una guerra civil en Alemania para ocupar el gobierno, generando así una enorme corriente de temor entre las masas.
El texto del decreto fue elaborado por líderes nazis que ocupaban cargos en el Ministerio del Interior de Prusia, dirigidos por Hermann Goering, y fue presentado al gabinete presidido por Hitler ese mismo día, luego de ello el mismo Hitler insistió ante el presidente Von Hindenburg que el incendio del Reichstag constituía sin duda alguna una señal de “peligrosa insurrección comunista” y que era necesaria una “lucha sin miramientos” contra el partido comunista; ante la feroz presión de Hitler y su gabinete, el senil presidente Von Hindenburg aceptó darle fuerza legal al decreto invocando el artículo 48 de la Constitución de Weimar que permitía al Presidente de Alemania tomar toda medida necesaria para salvaguardar la seguridad pública. El decreto fue promulgado y publicado ese mismo día.
El decreto llevaba seis artículos solamente. El artículo 1 suspendía hasta nuevo aviso el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad individual de la persona, la libertad de asociación, la libertad de reunión y el secreto de las comunicaciones, mientras a la vez permitía a las autoridades practicar arbitrariamente registros de domicilios o de oficinas, confiscar bienes privados y ejecutar otras restricciones a la propiedad.
Los artículos 2 y 3 otorgaban al gobierno del Reich todas las facultades propias de los Länder de Alemania, establecidos por la Constitución de Weimar, en cuanto a la custodia de la seguridad pública, vulnerando las autonomías locales previstas por la Constitución; los artículos 4 y 5 fijaban penas severas para los actos contrarios a la seguridad pública, desde multas por 15,000 Reichsmark hasta penas de cárcel mayores a las fijadas hasta entonces por el Código Penal (el cual quedó ampliamente modificado para aumentar drásticamente diversas penas), incluyendo la pena de muerte para quienes causaren daños a bienes públicos o quienes opusieran resistencia a autoridades del Reich; el artículo 6 fijaba finalmente que el decreto entraba en vigencia en todo el país con efecto retroactivo, lo que permitió aplicar la pena de muerte al supuesto causante del incendio del Reichstag, Marinus van der Lubbe (guillotinado el 10 de enero de 1934) y construir los primeros campos de concentración.
El decreto fue sustento legal para el arresto de numerosos miembros del KPD, pero también de otros opositores al régimen nazi; a ello se unió la ocupación policial de todos los locales del mismo partido, la supresión de su prensa, así como la prohibición de sus manifestaciones públicas y asambleas. Algunos Länder como Baviera y Sajonia no estaban aún controlados por el NSDAP y rehusaban ejecutar arrestos masivos de comunistas, pero el entonces Ministro en el gabinete de Hitler, Hermann Göring controlaba también el Ministerio del Interior de Prusia (el estado federal más extenso de Alemania en su época) con lo cual logró arrestar a casi 10,000 individuos en pocos días, de hecho el mismo Göring reclamó a sus subordinados el 3 de marzo que era necesario también el arresto de posibles simpatizantes comunistas, lo cual permitía aplicar el Decreto a prácticamente todo probable opositor al régimen nazi.
Se cree que el Decreto del 28 de febrero deliberadamente mantuvo cierta ambigüedad en su texto, para permitir así su libre aplicación contra todo tipo de opositores al régimen sin importar su partido de origen, pues la norma no mencionaba expresamente contra qué tipo de opositor estaba dirigida.
En las elecciones al Reichstag del 5 de marzo el control de la policía y la administración del Estado, así como la violencia y la intimidación, permitieron al NSDAP conseguir un porcentaje mayor de votos (el 44%) y debilitar a los partidos opositores que aún subsistían en el Reichstag (como el SPD, KPD y el Zentrumspartei). Con tal resultado electoral el Partido NSDAP logró la aprobación en el Reichstag de la denominada Ley Habilitante el 23 de marzo, la cual otorgó una cuota desmesurada de poder sin contrapesos al cargo de Reichskanzler, puesto ocupado por Adolf Hitler.
-Crespo Jama Edri Alexander
